Docentes de Educación rechazan “Régimen Disciplinario de Estudiantes de la UNLu"
Consejeros profesores y auxiliares del Consejo Directivo Departamental de Educación (CDDE) hicieron conocer un pronunciamiento en rechazo al “Régimen Disciplinario de Estudiantes de la UNLu”.
“Los consejeros pertenecientes a los claustros de profesores y de auxiliares del Consejo Directivo Departamental de Educación queremos expresar nuestro rechazo al ‘Régimen Disciplinario de Estudiantes de la Universidad Nacional de Luján’, estructurado a partir de un sistema de sanciones y un procedimiento de sumario administrativo que emula a los procedimientos de la justicia ordinaria”.
“La iniciativa de establecer un ‘régimen disciplinario’ destinado a los estudiantes constituye una violación estructural de los principios en los que se funda la autonomía universitaria en sus tres dimensiones -académica, científica y administrativa- refrendada por nuestra Constitución Nacional, conquistada por las luchas de la reforma de 1918 -que actualmente recordamos y celebramos- y por el propio estatuto de la UNLu”.
“En su artículo 1, el estatuto de la UNLu asume que su autonomía se fundamenta en los principios de igualdad, libertad, justicia, pluralismo, y promoción del pensamiento libre y crítico, entre otros. Sobre estos principios se sustenta un sistema de co-gobierno que afortunadamente se fue ampliando al calor de las históricas luchas por la democratización de la institución, en las que los estudiantes han desempeñado un papel sustancial”.
“La pretensión de sancionar un régimen disciplinario destinado al claustro estudiantil no sólo revela una profunda tergiversación del principio de autonomía sino que la transforma en un fetiche peligroso. La autonomía alude a un conjunto de facultades de gobierno, organización y producción científica que se ponen al servicio de la democratización de la sociedad, desde su aporte a la producción del conocimiento e, insoslayablemente, a la realización del derecho a la educación, promulgado por nuestras leyes y nuestra constitución. Pretender transformarla en una herramienta que sustraiga a la universidad de las garantías constitucionales y legales es habilitar la posibilidad de que esta institución se transforme en una secta inhibitoria de su historia y de sus luchas. La enumeración de los tres tipos de sanciones previstas por este régimen son elocuentes al respecto: suspensión hasta un máximo de un año; suspensión de un año hasta un máximo de cinco; expulsión”.
“Entre los motivos causantes de sanción se expresan, entre otros, ‘ofensa y calumnia’, ‘agravio’, ‘vulnerar derechos de libertad de expresión’, ‘copiarse en las pruebas’, ‘impedir el ejercicio de funciones’; ‘realizar actos que lesionen el patrimonio de la universidad’, etc”.
“Todos los motivos de sanciones que, contemplados en ese régimen disciplinario, se derivan de faltas académicas cometidas por los estudiantes, como -por ejemplo- la copia o falsificación de exámenes, podrían eventualmente ser considerados en el Régimen General de Estudios aprobado por el HCS por Resol. 996/15. Los procedimientos administrativos para estos casos se fundan en la actuación de los docentes responsables, en virtud de la libertad de cátedra, y no requieren de la organización de un sistema que pretenda reproducir un proceso penal. En cuanto a las otras causales que se mencionan, más allá de las presentaciones que pudieren realizarse a los órganos administrativos o colegiados universitarios ya existentes, eventualmente pueden dar lugar a denuncias en la Justicia contravencional, civil o penal, de acuerdo con lo que corresponda. La Universidad no puede instituirse en Poder Judicial, codificar faltas o delitos contra las personas o la propiedad, procesar o imponer penas”.
“En este contexto, no podemos dejar de preguntarnos a qué intereses responde este régimen sectorial, como tampoco dejar de plantear una señal de alerta frente a un inminente proceso de institucionalización de un sistema de criminalización de la participación y de la disidencia estudiantil”.
“Todo parece indicar que el proyecto apunta a disciplinar y a limitar el accionar de organizaciones estudiantiles legítimamente constituidas, con autonomía de los gobiernos y las gestiones universitarias de turno. Atenta directamente contra la autonomía de estas organizaciones y representa un notorio intento de socavar y de extirpar de la universidad pública nacional a una tradición de lucha de 100 años del movimiento estudiantil. Tradición de lucha que, pensamos, representa un motivo de orgullo para el pueblo trabajador. Como docentes de la UNLu, no podemos eludir nuestro compromiso con la defensa y la profundización de los principios democráticos que regulan a la vida cotidiana de la institución”.
Consejeros docentes del Departamento de Educación, listas 214, 226 y 323.
