"A la comunidad docente de la UNLu": comunicado del Rectorado tras fallo judicial adverso

El Rectorado de la Universidad Nacional de Luján emitió un comunicado dirigido “a la comunidad docente” sobre la situación planteada para la Casa de Estudios por el fallo judicial adverso con la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente.

Este comunicado, que explica la sentencia judicial y recorre la cronología de los hechos, se dio a conocer luego de que el Consejo Superior de la Universidad aprobara este mediodía en Sesión Extraordinaria dos convenios suscriptos entre la UNLu y dicho organismo para comenzar a dar cumplimiento a las obligaciones de pago emanadas de la sentencia judicial.

“En el día de la fecha”, sostiene el comunicado, “el Consejo Superior ha debido tomar una serie de decisiones producto de un juicio contra la Universidad”. “Es un tema muy importante y que nos afecta”, señala.

El comunicado completo del Rectorado afirma lo siguiente:

"A LA COMUNIDAD DOCENTE DE LA UNLu

En el día de la fecha, el HCS superior ha debido tomar una serie de decisiones producto de un juicio contra la Universidad. Es tema muy importante y que nos afecta.

El informe se hace de dos formas, la primera parte con lo esencial y la siguiente de forma más extensa donde se cuenta la cadena de acontecimientos.

Resumen Ejecutivo

En el año 1985 la Universidad firma un convenio con la Caja Complementaria para la Actividad Docente (La Caja) para incorporar a las y los docentes de nuestra Universidad a los beneficios de La Caja. A partir de ese convenio, la Universidad se convierte en agente de retención, reteniendo a cada docente activo un 4.5% de su salario para transferirlo a La Caja quien, al momento de jubilarse cada docente, complementará el beneficio jubilatorio con un determinado monto. En diciembre de 1996, el HCS, a pedido del sindicato de docentes ADUNLu y, según la resolución HCS 289/96, “de una gran mayoría de docentes”, resuelve denunciar y rescindir el convenio con La Caja y dejar de retener el porcentaje correspondiente inmediatamente. En función de esto, La Caja nos inicia un juicio argumentando que siendo la UNLu un agente de retención por el acuerdo suscrito, no puede denunciar el convenio unilateralmente. El juicio se pierde en todas las instancias judiciales.

La sentencia resolvió llevar adelante la ejecución del total de la deuda exigida más los intereses correspondientes. De no cumplirse la sentencia, La Caja puede embargar las cuentas de la Universidad impidiéndonos, entre otras cosas, pagar sueldos. A partir de negociaciones, se ha podido detener la ejecución y tratar de llegar a acuerdos que le permitan a la Universidad afrontar dicha deuda. Luego de un arduo diálogo entre las partes, se ha llegado a un acuerdo principal sobre la deuda judicializada (desde el 2008 a noviembre de 2016) para comenzar a pagar la deuda y volver a actuar como agentes de retención, y otro acuerdo sobre la deuda administrativa (desde 2017 al 2023) acordando un plazo de 120 días renovables para volver a negociar un acuerdo sobre la deuda.

En definitiva, la Universidad se encuentra obligada a abonar lo adeudado y volver a retener el 4.5% del salario de cada docente activo y girarlo a La Caja. Asimismo, a partir de estos acuerdos, todo docente jubilado de nuestra universidad a la fecha puede ir a solicitar a La Caja que se le abone el complemento correspondiente.

Cadena de Acontecimientos

En el año 1985, a un año de la reapertura, la Universidad firma un convenio con la Caja Complementaria para la Actividad Docente (La Caja) y a través de la Resolución HCS 063/85 se incorporan a las y los docentes de nuestra Universidad a los beneficios de la Caja. A partir de ese convenio, la Universidad se convierte en agente de retención, reteniendo a cada docente activo un 4.5% de su salario para transferirlo a La Caja y que luego, al momento de jubilarse, la misma complemente el beneficio jubilatorio con un determinado suplemento.

El 23 de diciembre de 1996, el HCS, a pedido del sindicato de docentes ADUNLu y “... de una gran mayoría de docentes de esta Casa que se han manifestado a través de una consulta de opinión encomendada por Res HCS 241/96, su voluntad de desvincularse como aportantes de dicha caja...” (según consta en la Res HCS 289/96) resuelve denunciar y rescindir el convenio con La Caja y dejar de retener el porcentaje correspondiente inmediatamente.

En función de esto, La Caja inicia un juicio argumentando que siendo la UNLu un agente de retención por el acuerdo suscrito, no puede renunciar al convenio en forma unilateral. En ese momento reclama los aportes no retenidos desde 1996 hasta noviembre de 2016.

La sentencia en primera instancia, con fecha 30 de agosto del 2021 resolvió que los aportes de enero del 2008 y anteriores no eran exigibles por el tiempo transcurrido, pero que desde ese momento al 2017 sí lo eran, y resolvió llevar adelante la ejecución del total de la deuda exigida más intereses correspondientes.

La UNLu apeló dicho fallo y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Sala I, resolvió CONFIRMAR la resolución de primera instancia con fecha 30/08/2021.

La UNLu entonces interpone un Recurso Extraordinario para que resuelva la Corte Suprema, el cual es denegado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 5 de diciembre de 2022. Finalmente, el 11 de septiembre de 2023 se recibe una notificación del juzgado “a fin de que cumpla con la sentencia dictada el 30/08/2021, dando en pago el crédito reclamado en autos... dentro del plazo de diez días.” (SIC). De no cumplirse la sentencia, La Caja puede embargar las cuentas de la Universidad impidiéndonos, entre otras cosas, pagar sueldos.

A partir de diversas negociaciones, se ha podido detener la ejecución y tratar de llegar a acuerdos que le permitan a la Universidad afrontar la deuda. Entonces, la Universidad hoy adeuda, no solamente la deuda reclamada y que perdimos en Juicio que va desde el 2008 a noviembre de 2016 sino también lo acumulado entre el 2017 y el 2023. A partir de ese momento, se habla de dos tipos de deudas: la judicializada y la administrativa.

La deuda judicializada suma un total, entre capital e intereses de $ 512.394.205,59. La deuda administrativa hasta noviembre del 2023 suma un total, entre capital e intereses de $ 1.139.980.489,94, lo que hace un total general de $ 1.652.374.695,53.

Llegado a este punto, desde Rectorado y con el apoyo del servicio jurídico se comienzan las negociaciones para resolver el conflicto. La primera oferta recibida por La Caja fue realizar una quita del 25% sobre los intereses, realizar un anticipo del 5% y luego abonar 47 cuotas a una tasa del 9% mensual cuyas cuotas ascenderían a $ 121.600.884,89. Este importe casi duplica el monto total que la Universidad dispone para gastos de funcionamiento (pagar energía eléctrica, productos de limpieza, mantenimiento, seguridad, becas de estudiantes, viajes curriculares, y un largo etc.)

Luego de este punto se comenzaron una serie de negociaciones con propuestas y contra propuestas, llegando a un acuerdo principal de la deuda judicializada con una quita del 50% sobre los intereses, un anticipo del 5% y 47 cuotas a una tasa del 5% mensual, lo que impone una cuota de 15 millones de pesos.

Para la parte administrativa hasta el momento no se ha cerrado un acuerdo porque, utilizando los mismos parámetros, la cuota superaba los 45 millones de pesos que, sumada a los 15 millones de la judicializada nos obligaba a pagar más de 60 millones de pesos mensuales.

Ante la inminencia del cambio de autoridades, tanto a nivel nacional como en la Caja, y la premura que implica un juicio perdido con expectativas de inhibición de cuentas, se decide, por delegación del HCS, cerrar dos acuerdos: el primero sobre la deuda judicializada que, además de la quita y las cuotas impone a la Universidad volver actuar como agente de retención y retener el 4.5% a cada docente activo. El segundo nos da un plazo de 120 días renovables para sentarnos a hablar sobre un nuevo convenio.

El jueves 7 de diciembre, el H. Consejo Superior reunido en sesión extraordinaria decidió convalidar los acuerdos suscriptos.

En definitiva, la Universidad se encuentra obligada a abonar lo adeudado, volver a retener el 4.5% del salario de cada docente activo y girarlo a La Caja. A partir de estos acuerdos, todo docente jubilado de nuestra universidad a la fecha puede ir a solicitar a La Caja que se le abone el complemento correspondiente."

El comunicado del Rectorado UNLu se encuentra disponible para descargar.