El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario

El Senado Nacional aprobó la Ley de Financiamiento Universitario en una votación en general que obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención. A pesar de la trascendencia de esta decisión para el Sistema Universitario Nacional, y de haberse alcanzado con los dos tercios de los votos, el Gobierno adelantó que vetará la Ley aprobada, “para no comprometer el superávit fiscal”.
 
De este modo, tras una extensa sesión en la Cámara, la oposición logró el objetivo de sancionar una ley que estipula una recomposición de los salarios del personal docente y nodocente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, con lo que se estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
 
El gobierno de Javier Milei quedó a la vera de un nuevo veto presidencial, a pesar de que el texto pasó de manera holgada los dos tercios de los votos de los legisladores. De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.
 
La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.
 
Como miembro informante, el flamante presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Eduardo “Wado” De Pedro, acusó al Gobierno de atacar “directamente los principios fundamentales de la educación”.
 
“Si el presidente veta esta ley, que es sólo el 0,14% del PBI para las universidades argentinas, confirmamos que otra vez estamos ante un proyecto para muy pocos”, aseguró De Pedro. Además, dijo que la inversión en el área en discusión “es un elemento esencial de nuestro modelo productivo” y contribuye a “agregar valor en cada una de las provincias”.
 
A su vez, el legislador bonaerense Maximiliano Abad, de la bancada radical, señaló que “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”, y “del otro, un Presidente que ya decidió que vetará la ley”. Y precisó: “¿Se entiende la magnitud de semejante contraste? Una sociedad que pide recursos para la educación; un gobierno que se los niega. Por eso, el papel del Congreso es fundamental. Por eso no da lo mismo cómo nos posicionamos ante este tema. Más que nunca, tenemos representar fielmente a quienes, con su voto, nos dieron la responsabilidad de ocupar estas bancas”.