Contundente respuesta de las Universidades al Ministerio de Capital Humano: “Hay incumplimiento estatal de las obligaciones legales”
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en representación del sistema universitario público argentino, respondió al Ministerio de Capital Humano de la Nación, rechazando de manera enfática el requerimiento de informar "medidas adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica", frente al actual contexto de conflicto por el incumplimiento –por parte del Poder Ejecutivo- de la Ley de Financiamiento Universitario.
Una nota con dicha solicitud había sido enviada por el Ministerio el lunes 27 a todos los titulares de las universidades estatales, y como respuesta a ella las y los rectores afirmaron que “las instituciones permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión” y que “la tensión (con el sistema universitario) deriva del incumplimiento estatal de obligaciones legales”.
En el documento del CIN, dirigido al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, las autoridades universitarias sostienen que las instituciones continúan desarrollando actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, aún dentro de las limitaciones presupuestarias vigentes.
Las y los rectores subrayaron que “la situación crítica que atraviesa el sistema universitario responde al incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada con amplios consensos parlamentarios”.
En ese sentido, advirtieron que “desconocer o incumplir dicha norma no constituye una mera controversia administrativa, sino una alteración del principio republicano de división de poderes”.
El CIN también señaló que el requerimiento carece de sustento normativo y administrativo. A su vez, rechazó “cualquier intento de atribuir a las universidades la responsabilidad por la actual situación, al considerar que la tensión del sistema deriva, en lo sustancial, del incumplimiento estatal de obligaciones legales”.
En un tono institucional, el documento reafirmó principios centrales como el derecho a enseñar y aprender, la autonomía universitaria, el cogobierno y la libertad académica, todos ellos consagrados en la Constitución Nacional y la legislación vigente. Además, ratificó la disposición de las universidades al diálogo institucional, aunque insistió en la necesidad de que el Estado cumpla con el financiamiento legalmente establecido.
Finalmente, las autoridades universitarias remarcaron que las universidades públicas “no son la causa de la crisis, sino que continúan sosteniendo el funcionamiento del sistema con el esfuerzo de sus comunidades, incluso en un escenario de creciente precariedad”.
La nota de respuesta del CIN puede verse completa en este enlace.
