La Justicia intimó al Gobierno por el financiamiento universitario: le dio un plazo de cinco días para cumplir con la Ley
El juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, intimó nuevamente al Gobierno nacional por el incumplimiento de la medida cautelar vinculada al financiamiento universitario, y estableció un plazo de cinco días para que el Ejecutivo haga efectivo lo dispuesto, bajo apercibimiento de aplicar sanciones por cada día de demora.La resolución establece este plazo para que el Ejecutivo proceda con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, sosteniendo que “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme” y ordenó al Estado Nacional que dé “efectivo cumplimiento” a la medida dentro del plazo establecido, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (multas) ante la demora.
La decisión alcanza específicamente a estos dos artículos, para que se hagan efectivos según lo dispuesto mediante la medida cautelar. El artículo 5 establece la actualización de los salarios de docentes y nodocentes, mientras que el artículo 6 contempla la actualización de las becas estudiantiles.
La nueva intimación se conoce luego que el magistrado rechazara, a comienzos de septiembre, el pedido para levantar la medida cautelar y solicitara al Gobierno que informara sobre el grado de cumplimiento de la resolución.
La decisión judicial se produce mientras continúa el plan de lucha de los trabajadores y estudiantes universitarios, que contempló un cese de actividades a nivel nacional, en todas las Casas de Estudios el pasado viernes 18 y ayer martes 22.
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales lleva adelante estas medidas en reclamo por la recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para las universidades públicas. Además, el espacio gremial ya definió la fecha de la que será la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 15 de octubre.
El conflicto salarial tuvo además un nuevo capítulo la semana pasada, cuando la negociación entre el Gobierno y los sectores docentes y nodocentes volvió a finalizar sin acuerdo, ya que en la reunión realizada en el Palacio Pizzurno, el Ejecutivo mantuvo una oferta de 3% de aumento, propuesta que ya había sido rechazada por las organizaciones representantes de los trabajadores universitarios.
Desde el Frente Sindical de las Universidades Nacionales cuestionaron el porcentaje ofrecido y señalaron que “está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectivo el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario”.
A la disputa por los salarios y las becas se suma la discusión en torno al Presupuesto 2027, presentado por el PEN, proyecto que contemplaría 7,3 billones de pesos para el sostenimiento de las universidades públicas durante el próximo año, mientras que el conjunto de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado un total de 11 billones de pesos.
De esta manera, el reclamo por el financiamiento universitario continúa atravesado por la negociación salarial, la actualización de las becas y la discusión judicial en torno a la Ley 27.795.
