ADUNLu rechaza fallo de la Corte Suprema que deja sin protección a tierras rurales
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu) expresó su más enérgico rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la sentencia que había dejado sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, por el cual se derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Informó el sindicato que la Corte rechazó la acción del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata al considerar que no tenía legitimación para presentar la demanda. Así, evitó pronunciarse sobre la cuestión de fondo: si es constitucionalmente válido derogar una ley del Congreso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.
“Sin embargo, las consecuencias son inmediatas. La derogación sigue vigente y, con ella, desaparecen los límites que la ley ponía a la compra y concentración de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras”, advirtió ADUNLu.
“Esos límites eran mucho más que un porcentaje. La Ley 26.737 establecía topes según la escala territorial y el tipo de titular, reconocía la diversidad de las tierras rurales y protegía de manera especial territorios y bienes estratégicos”, señaló el gremio docente e indicó que “al derogarla, el Estado pierde una herramienta clave para regular la extranjerización y la concentración de la tierra, y se debilita el control sobre zonas donde se encuentran bienes comunes fundamentales como el agua, los bosques y la biodiversidad”.
“Por eso, como trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional de Luján, sostenemos que las decisiones sobre tierra, territorio y soberanía no son un asunto meramente patrimonial o administrativo. Definen quién usa y controla los recursos, y condicionan la vida de las poblaciones que habitan esos territorios”, afirmó.
“En consecuencia, rechazamos toda medida que profundice la concentración y extranjerización de la tierra. Exigimos que estos debates se den por vías democráticas, con participación pública y teniendo en cuenta sus consecuencias sociales, productivas, ambientales y territoriales”, comunicó y aseveró que “defender la tierra es defender la soberanía, el trabajo y el futuro de nuestras comunidades”.
