Consejo Nacional advierte sobre la crisis de las Obras Sociales Universitarias
La Dirección de Asistencia Social y Medicina Integral (DASMI) de la Universidad Nacional de Luján compartió el comunicado del Consejo Nacional de Obras Sociales Universitarias (COSUN), que alerta sobre la crítica situación financiera que atraviesan las obras sociales del sistema universitario nacional.
Desde la DASMI señalaron que “el deterioro salarial de las y los trabajadores universitarios, el atraso superior al 30% y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario impactan directamente en los recursos destinados al sostenimiento de nuestro sistema de salud solidario”.
“El comunicado advierte que esta situación compromete la capacidad de las obras sociales para garantizar las prestaciones médicas y pone en riesgo su continuidad, afectando a miles de trabajadores docentes, nodocentes, jubilados y sus familias”, añadieron.
“Desde DASMI consideramos fundamental visibilizar esta problemática y acompañar el reclamo del COSUN por el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, indicaron y enfatizaron que “defender el financiamiento de las universidades también es defender el derecho a la salud de toda la comunidad universitaria".
A continuación, el comunicado completo del COSUN:
La asfixia presupuestaria de las universidades pone en riesgo la continuidad de las Obras Sociales Universitarias
El atraso salarial superior al 30% y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario descapitalizan el sistema de salud solidario, comprometiendo la atención
médica de miles de trabajadores docentes, no docentes y sus familias.
El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Poder Legislativo, sumado al consecuente deterioro del salario, ha provocado en los Universitarios un grave impacto en su calidad de vida y en el acceso a bienes esenciales.
En este crítico contexto, el Consejo Nacional de Obras Sociales Universitarias (COSUN) reitera y hace público el estado de extrema vulnerabilidad que atraviesan nuestras
instituciones, cuyos recursos resultan insuficientes para cumplir con su objeto esencial: la protección y promoción de la salud de las y los trabajadores y sus familias.
Las Obras Sociales Universitarias dependemos de manera casi exclusiva de los aportes y contribuciones que se deducen de los salarios del personal universitario. El deterioro salarial acumulado representa un retraso superior al 30%, el cual se revertiría si el Gobierno Nacional diera efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario.
Se estima que, por la falta de actualización, las y los trabajadores universitarios han dejado de percibir el equivalente a 12 salarios, con la consiguiente pérdida e impacto
negativo sobre los aportes destinados al sostenimiento de la salud. A ello se suma que los costos de las prestaciones sanitarias, medicamentos e insumos superan
holgadamente los índices generales del costo de vida.
Como consecuencia directa, las Obras Sociales Universitarias atravesamos una crisis de financiamiento sin precedentes, que a la fecha resulta insostenible y que ya compromete el patrimonio de nuestras organizaciones, poniendo en duda su continuidad a corto plazo.
En los últimos años, para poder dar sustentabilidad a nuestras instituciones ante la caída de recursos, nos hemos visto obligados a restringir prestaciones, recurrir al fondo de reservas y requerir mayores esfuerzos a nuestros beneficiarios.
Nuestro sistema de salud solidario se ha construido a lo largo de décadas sobre pilares de alta calidad prestacional, compromiso y cercanía con nuestros afiliados, mediante administraciones conducidas por representantes de los propios trabajadores y las universidades, sin intermediarios ni fines de lucro. La pérdida de este modelo
dejaría desprotegida a la comunidad universitaria, afectando con especial severidad a jubilados y sectores de menores ingresos.
Por todo lo expuesto, en defensa del cuidado de la salud de toda la familia universitaria, hacemos este urgente llamamiento:
- Al Poder Ejecutivo Nacional: A dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario sin más dilaciones.
- Al Poder Judicial: A garantizar la efectiva aplicación de la ley y resguardar los derechos de la comunidad universitaria.
- A la Comunidad Universitaria en su conjunto: A comprometerse activamente con esta problemática, redoblar los reclamos colectivos por el cumplimiento de la ley y acompañar con aportes y decisiones concretas las medidas de emergencia que permitan sostener y dar sustentabilidad a nuestras Obras Sociales Universitarias.
Gabriel Dadiego
Presidente COSUN
Gustavo Mondejar
Vice-Presidente COSUN
Marcelo Galaverna
Secretario COSUN
