Consejo Superior: nodocentes impulsaron la creación de un Código de Convivencia
Los representantes del Claustro Nodocente impulsaron ayer en el Consejo Superior la creación de un Código de Convivencia en la Universidad Nacional de Luján (UNLu), “ante la sucesión de hechos de significativa gravedad expuestos por trabajadores del Centro Regional San Miguel”.
La sesión se inició con un minuto de silencio en homenaje al docente Daniel Alejandro Maubecin, recientemente fallecido, y el habitual informe del rector Osvaldo Arizio, quien dio cuenta del último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de su participación en la 18ª Conferencia de la Asociación Brasileña Internacional para la Educación (FAUBAI), del 15 al 20 de abril.
Arizio indicó que habían estado presentes 18 universidades argentinas, con “rondas de entrevistas perfectamente organizadas y otras actividades de contacto, en especial con universidades brasileñas, de los Estados Unidos y de la Unión Europea”.
También hizo alusión a la reforma del método de inscripción en la Delegación San Fernando para solucionar problemas ocurridos en el primer cuatrimestre y a los cambios en el acceso al uso de la Biblioteca para los ingresantes.
Mencionó los resultados positivos de la jornada de evaluación de proyectos de Extensión, la presentación del documental “Arremangados” y la participación de la Editorial de la UNLu (EDUNLu) en la Feria del Libro.
Asimismo, el rector informó que, ante la denuncia de estudiantes y familiares acerca de un menor que habría sido golpeado el 9 de abril por un agente de seguridad privada, está en curso una investigación administrativa por el hecho y que el empleado había sido separado de esa función en la UNLu.
Finalmente, Arizio anunció una “drástica reducción” inicial de 700 horas hombres mensuales para seguridad privada, en el marco de la “grave situación” financiera de la Universidad.
Código de Convivencia
Mereció un extenso debate en la sesión la propuesta impulsada por los consejeros Juan Ramos y Karina López (Lista 430 – Nodocentes) de crear un Código de Convivencia. En este sentido los consejeros nodocentes recordaron la “situación extremadamente agresiva” provocada “por la intolerancia de un grupo minúsculo” durante el acto de inauguración de nuevas instalaciones en el Centro Regional San Miguel.
Luego, Abraham Benítez, responsable de Mantenimiento del Centro Regional, explicó que los trabajadores no buscan sanciones disciplinarias para los estudiantes, pero que es necesario un código de convivencia que fije algunas normas.
También se expresaron representantes de los centros de estudiantes de Ciencias de la Educación y de Trabajo Social, quienes negaron que hubiesen existido agresiones hacia los trabajadores.
En el debate, López destacó que todos los trabajadores (49) del Centro Regional habían firmado una nota denunciando hechos de gravedad “y nosotros les creemos”. “Yo fui testigo de cómo insultaban al rector, a mí me han patoteado en los pasillos, la situación es tensa y así no se puede trabajar”, dijo la consejera nodocente.
Por su parte, Juan Ramos -que en la sesión fue elegido presidente de la Comisión Asesora Permanente (CAP) de Interpretación y Reglamentos- subrayó que “no podemos seguir con estos casos de violencia” y protestó por los “fascistas” que interrumpían su exposición desde la barra.
La consejera Rocío Aime (Lista 115 de estudiantes) manifestó que “violencia también es el recorte de becas” y sostuvo que “los límites se sobrepasan porque hay violencia institucional”. “Muchas veces nos hemos sentido violentados en este Cuerpo”, indicó.
Intervinieron el debate otros consejeros: Amalia Testa, vice directora decana del Departamento de Ciencias Sociales, apoyó la idea de “darnos un espacio y un tiempo” para discutir el tema; Jorge Mufato, director decano de Ciencias Básicas, llamó a dar “una respuesta política porque se excedieron algunos límites”; y Miguel Núñez (Lista 201, de profesores), consideró que se trataba de una “buena iniciativa, aunque podríamos haberla tratado de otra manera”.
Marcelo Vinjoy (Lista 249, de profesores) sostuvo que “la situación social va a empeorar y no creo que ningún consejero quiera que esto se agrave” y Juan Manuel Kirschenbaum (Lista 201, de profesores) lamentó “que una institución como esta necesite un código de convivencia, ya que esto implica un deterioro”.
Finalmente, los consejeros aprobaron la moción de Anabella Gei (directora decana del Departamento de Tecnología) para que el proyecto pase para su análisis a la Comisión Asesora Permanente (CAP) de Bienestar Universitario.
Denuncias de agresiones en San Miguel
En la sesión también se trató una presentación de la las Listas 111 y 511 (de estudiantes y graduados, respectivamente) referida “a agresiones sufridas en reuniones del Consejo Superior y en instalaciones del Centro Regional San Miguel”.
El consejero Ángel Bertoglio (Lista 111, de estudiantes) pidió que preste su testimonio el estudiante Eduardo Blanco, quien relató como había sufrido la rotura de una prótesis en la rodilla durante las protestas en ocasión de una inauguración en San Miguel. “Me empujaron, llegamos al límite de la agresión física”, puntualizó.
La cuestión también mereció un intenso debate que se saldó con el envío del expediente al Rectorado para su correspondiente investigación y eventual reparación económica al estudiante afectado por la situación.
Incidente con seguridad privada
Finalmente, la consejera Aime relató el episodio en que “un agente de la seguridad privada atacó a golpes a un niño de trece años, en adyacencias de la sede central, luego de una discusión dentro de la UNLu”, el sábado 9 de abril. “Estuvo en observación en el Hospital y su familia hizo la denuncia penal”, explicó.
Aime solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad y que se rescinda la relación con la empresa de seguridad. Al respecto, el rector Arizio recordó que “la decisión de tener seguridad privada fue tomada por el Consejo Superior hace mucho tiempo”.
También en este tema se aprobó la moción de que pase el expediente al Rectorado.
Mereció un extenso debate en la sesión la propuesta impulsada por los consejeros Juan Ramos y Karina López
